Una de las aportaciones más importantes que puede contribuir un abogado a una empresa en su comienzo es dejar las reglas del juego claras y por escrito. Uno de los errores más grandes que puede cometer un emprendedor es no dejar por escrito cuáles son las actividades que cada uno de los fundadores debe llevar a cabo y, en base a esta información, determinar el porcentaje de acciones que le corresponde a cada persona.

Al momento de empenzar una empresa con amigos, es muy común pensar que lo más justo es que se divida la propiedad de la sociedad en partes iguales; sin embargo, esto es un grave error que debe de considerarse desde el día 1. Te pongo un ejemplo:

Imagínate que una vez arrancada tu empresa y de haber trabajado todos los días durante 1 año, resulta que 2 de los 5 fundadores únicamente aportaron $20,000 pesos en efectivo para comprar los primeros equipos para operar el negocio y no volvieron a aparecerse en ninguna junta o cuando se necesitaba trabajar los fines de semana.  Ahora imagínate que ese año ganan un contrato para la construcción de una obra de $10 millones de pesos.

En ese caso en particular, los 2 fundadores que aportaron $20,000 pesos van a tener el mismo derecho que tú de cobrar el 40% de los honorarios con tan sólo haber aportado un mínima cantidad en efectivo. De haber estado asesorado por un abogado, la recomendación hubiera sido mejor recibir esos $20,000 pesos cómo un crédito con intereses y pagarlo después de haber ganado tu primer contrato importante, en lugar del 40% de los honorarios de la obra.

Durante la construcción de un desarrollo residencial, lo común es amarrar compradores para que al momento de terminar la obra, esta ya tenga un cliente que pague por el inmueble.

Sin embargo, siempre existe el riesgo que un comprador no haya podido alcanzar un crédito o no tenga suficiente liquidez para cubrir el precio de la casa o que simplemente salgan con el chiste que «consiguieron un mejor trato» y decidieron por comprar otra casa.

Para evitar encontrarse en este tipo de situaciones, lo recomendable para un desarrollador es amarrar a los cliente a través de depósitos en garantía no reembolsables. El cliente deberá de firmar una carta de intención o promesa de contrato, estableciendo que las partes están obligadas a firmar un contrato de compraventa una vez que la obra haya concluido y que el comprador haya obtenido un crédito o fondos suficientes para pagarla.

El chiste de no celebrar un contrato de compraventa en el momento de recibir un anticipo es simple: tu quieres evitar que el cliente se convierta en el dueño del inmueble antes de que te pague el precio total. Si firmas un contrato de compraventa, el desarrollador ya no es propietario del inmueble y corre el riesgo de encontrarse en un supuesto de fraude por ofrecer el inmueble a otra persona cuando ya realizó la venta con el primer comprador, inclusive cuando aun no ha recibido el pago total del inmueble.

Al firmar un contrato de promesa o una carta de intención con un cliente, lo acordado por las partes es que la venta de la casa esta condicionada a la finalización de la obra y al pago del precio total. De esta manera, se evita una traslación de dominio del inmueble antes de que te paguen por tu casa y poder estar en la posibilidad de ofrecerlo a otras personas en caso que te queden mal cuando la casa esté terminada.

La idea de crear Red de Firmas surgió de un grupo de WhatsApp de amigos (todos abogados) que se formó con la idea de saludarnos y organizar reuniones, como cualquier otro chat. Sin embargo, este grupo de amigos ha ido convirtiéndose en un foro donde  abogados con diferentes especialidades que se apoyan en temas donde alguno tenga alguna duda y otro cuente con la experiencia para ayudarlo en el asunto y ahorrar horas de investigación que no pueden facturarse a sus clientes.

Red de Firmas tiene busca crear un foro de intercambio de documentos legales con los que abogados hayan trabajado anteriormente y ayudar a sus miembros a prestar sus servicios utilizando el tiempo invertido en un asunto de forma más eficiente. A menos que trabajes en una de las firmas más grandes de México y cuentes con una base de datos de documentos y personal suficiente para asesorar a tus clientes en cualquier asunto legal, es muy difícil «saber todo.»